Sacudido por denuncias de distinta índole, el empresario de las fotomultas Leandro Camani, intenta resistir utilizando la red de contactos políticos y mediáticos que viene tejiendo desde el Gobierno de María Eugenia Vidal. Su influencia es transversal a todos los partidos; ahora el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, está a tiempo de evitar que el propio Camani sea quien audite su empresa de cámaras.
Santiago Cúneo reveló en 1+1=3 que hay una resolución que el funcionario bonaerense tendría pendiente de firma y que podría consagrar uno de los conflictos de interés más llamativos del negocio de las fotomultas: Leandro Camani, el empresario que controla ese mercado, quedaría a cargo de auditarlo.
La empresa que recibiría la contratación es Globex Logistic SRL, vinculada al entorno de Camani. Entre sus socios figura Nahir Hernán Guarino, hijo de Pablo Hernán Guarino, quien se desempeña como director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense. Es decir: el funcionario responsable del área tecnológica del organismo que debe controlar el negocio tiene un hijo como socio de la empresa que aspira a controlarlo, se informó este lunes en Canal 22 donde se mostró la resolución que ya fue avalada por segundas líneas del área de Transporte provincial.
El episodio de la auditoría no es un caso aislado sino la expresión más reciente de un patrón de negocios que Camani construyó durante años alrededor del Estado. El mecanismo central para evitar licitaciones públicas fue un contrato con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), gestionado a través de Diego Kampel, secretario de extensión y vinculación de esa casa de estudios. Mediante ese esquema, los municipios no depositan en la empresa prestadora del servicio sino directamente en la universidad, eludiendo los controles que exige una licitación.
El alcance territorial del negocio es considerable: 26 puntos de control entre la Ruta 2 y la Ruta 11, con cámaras fijas y móviles, operados por Tránsito Seguro —otra empresa del entorno de Camani— cuyos vehículos circulan ploteados como automóviles oficiales de la provincia de Buenos Aires sin que haya mediado licitación ni autorización formal conocida. “Ningún ministro te puede autorizar a disfrazar tu auto de patrullero”, señaló Santiago Cúneo. “Tampoco a disfrazar tu auto de seguridad vial y menos si vos tenes una relación económica como proveedor de la provincia y sos Transito Seguro”, continuó.
La denuncia interpela directamente al gobernador Axel Kicillof: el esquema de Camani nació con el gobierno de María Eugenia Vidal, tiene como socio a Mariano Campos —exfuncionario de Vialidad de esa gestión— y opera con intendentes peronistas. “Marinucci no hagas cagadas, no firmes la resolución”, advirtió Cúneo quien le remarcó al gobernador de la provincia que “tiene que saber que es un choreo de Camani”.
