El 2 de marzo de 2026, 140 trabajadores del frigorífico San Roque de Morón recibieron un telegrama. No hacía falta leerlo entero para entender lo que decía: el establecimiento cerraba, la relación laboral terminaba y la indemnización que cobrarían sería la mitad de la que les hubiera correspondido en circunstancias normales. La empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, la figura que permite despedir por causas económicas de fuerza mayor.
Muchos de esos trabajadores tenían años adentro de esas paredes. Algunos, décadas. El Ministerio de Trabajo intentó mediar, pero el cierre ya estaba consumado. Hoy son 140 familias que buscan cómo reemplazar un ingreso en un distrito que no tiene capacidad de absorber ese volumen de desempleo de golpe. Y con ellos, una cadena de proveedores, transportistas y comercios locales que también sienten el impacto.
La empresa Ganadera San Roque S.A. fue explícita al enumerar las causas: caída del consumo interno, costos operativos insostenibles y lo que definió como una “indiscriminada apertura comercial” que permite el ingreso de carne importada sin regulación ni control. Ese último punto es el que más inquieta al sector.
Mientras Argentina exporta y el número de cabezas faenadas se mantiene —11,39 millones en 2025 según el SENASA— el mercado interno se contrae y las importaciones crecen. Para los grandes frigoríficos, ese escenario es manejable. Para los establecimientos medianos, como el San Roque, termina siendo una condena.
