La Cámara de Diputados realizará este miércoles y el jueves las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, pero la convocatoria llega con dos frentes judiciales abiertos que buscan suspenderlas.
La primera cautelar fue presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis. El juez Enrique Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, la rechazó al considerar que los presentantes no lograron demostrar “la verosimilitud del derecho que invocan” con el grado de evidencia exigido para suspender un acto parlamentario.
La segunda fue impulsada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace. Las organizaciones pidieron que el Congreso garantice “la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en las audiencias. La presentación recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, quien hasta el mediodía de este martes no se había expedido.
El trasfondo del conflicto es la restricción de participación impuesta por La Libertad Avanza: de los 100 mil inscriptos, solo 400 podrán exponer —200 en forma presencial y 200 por Zoom—, mientras el resto deberá enviar su postura por escrito o en un video de no más de cinco minutos.
