La Fundación Más Vida denunció a las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín por violación de los deberes de funcionario e informe falso, tras comprobarse que sus evaluaciones fueron determinantes para que el juez Pablo José Pérez otorgara la tenencia de Ángel López a su madre, Mariela Altamirano, quien está detenida con prisión preventiva acusada de asesinar al niño a golpes junto a su pareja.
Según la fundación, las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” en las que vivía la familia, ya que no realizaron el informe ambiental que podría haber alertado sobre las graves falencias del hogar. “Creemos que tomaron la decisión por cuestiones ideológicas y así forzaron la revinculación”, señalaron.
El caso presenta múltiples señales de alerta ignoradas: Altamirano había abandonado a Ángel cuando tenía pocos meses, la Justicia ya le había quitado la tenencia de otro hijo, y la maestra del jardín reportó que el niño estaba “enojado y angustiado” días antes de mudarse con su madre.
