El juez Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si hubo contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli. La hipótesis es que Angeletti pudo haberse visto beneficiada por contratos del Estado con firmas de las cuales es socia.
Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos societarios completos de siete empresas: AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. Además, solicitó a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe si DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contratos con el Estado.
La causa busca confirmar si la consultora +Be, de la que Angeletti es socia, podría estar vinculada a alguna de estas empresas contratistas, y si existe un entramado societario en torno a la concesión del predio de Tecnópolis.
