El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema para anular un fallo que obliga a la Provincia de Buenos Aires a pagarle a la Nación más de $5.500 millones por dos locomotoras, una sanción que el Estado bonaerense calificó como una “escandalosa multa”.
El conflicto nace de un contrato de 1999: la Nación había prestado dos locomotoras por un año y, al no devolverse en tiempo, empezó a correr una multa diaria. Las máquinas fueron restituidas en 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero la Cámara no consideró esa devolución y aplicó el dólar de febrero de 2026, a $1.415.
La Provincia denuncia una “contradicción” manifiesta del tribunal y pide frenar la ejecución. Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei ya intimó a pagar “bajo apercibimiento de ejecución”, pese a que la sanción “excede incluso el valor real de las locomotoras”.
