Flybondi acumula 13 días consecutivos con su flota completamente en tierra, mientras el apagón total de su plataforma virtual suprime cualquier canal para que los damnificados reclamen o exijan devoluciones. Pese a ese escenario de parálisis e insolvencia manifiesta, la ANAC no le impide seguir ofertando y cobrando pasajes para vuelos que no se van a concretar, con el argumento de “carecer de herramientas para una suspensión preventiva”.
Desde enero, las cancelaciones superaron los 2.400 servicios y afectaron a casi 400.000 personas, mientras el pasivo retenido por pasajes cobrados y no volados excede los 19 millones de dólares. A eso se suman embargos judiciales por más de $1.500 millones, deudas por leasing de aeronaves cercanas a los 25 millones de dólares y una plantilla que no cobra haberes desde junio, con más de 700 extrabajadores sin sus indemnizaciones.
De una flota de casi 15 aviones, la empresa quedó reducida a apenas dos unidades activas, lo que desató cancelaciones masivas y llevó a las principales agencias de turismo a deslistarla de sus catálogos. El eventual concurso preventivo aparece como el último recurso de la conducción, mientras crece el interrogante sobre por qué el Estado sigue convalidando el funcionamiento de una compañía inerte.
