El litigio por la estatización del 51% de las acciones de YPF sumó un nuevo capítulo al llegar al CIADI, tras el fallo de segunda instancia en Estados Unidos que evitó al Estado argentino pagar 16.100 millones de dólares. El fondo Burford Capital recurrió entonces al tribunal internacional en busca de indemnizaciones.
Axel Kicillof, artífice de la estatización de la petrolera en 2012, cuestionó la imparcialidad del organismo: “El CIADI es un tribunal que en general suele inclinarse por el sector privado, es una tendencia que tiene”, sostuvo en declaraciones a Clarín, y agregó que el caso “ahora es confidencial” tras el fallo adverso a Burford.
El gobernador vinculó el litigio con la política actual del Gobierno de Javier Milei, que avanza con la cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros en iniciativas como el RIGI: “Nos deja en condiciones de debilidad”, advirtió, y recordó que el propio Milei había dicho en su momento que “Burford tenía razón”.
