La Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de un protocolo médico para analizar las condiciones de salud de los detenidos, que podría facilitar el acceso a la prisión domiciliaria de represores condenados por delitos de lesa humanidad. La Acordada 21/2026, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encomendó al Cuerpo Médico Forense confeccionar un protocolo que “sistematice los criterios” para evaluar la procedencia de una domiciliaria por razones de salud.
El documento contempla un examen médico general de cada persona detenida y una verificación de las condiciones de detención y posibilidades de tratamiento dentro del penal, apelando a la manda constitucional de que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 519 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 440 ya cuentan con arresto domiciliario, mientras que 79 permanecen en unidades penitenciarias, entre ellas 61 en el Complejo de Campo de Mayo. Entre los nombres más resonantes que continúan detenidos figuran Alfredo Astiz, conocido como “Ángel de la Muerte”; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta; y Christian Federico von Wernich.
