Este lunes debían volver a la escuela unos 8,5 millones de estudiantes en 15 provincias, pero un paro nacional docente convocado por las cinco confederaciones del sector —CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet— frustró ese arranque en casi todo el país.
Los reclamos son concretos: restitución de la paritaria nacional docente, que el gobierno de Milei eliminó delegando las negociaciones a cada provincia, recomposición salarial y reintegro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), suprimido hace dos años. Ese fondo representaba entre el 8% y el 15% del salario en muchas jurisdicciones, y desde CTERA estiman que, si se actualizara a valores acordes a la inflación, los docentes cobrarían alrededor de $300.000 más por cargo.
El trasfondo del conflicto es contundente: el gobierno nacional redujo un 47,7% la inversión educativa entre 2023 y 2025, un recorte que supera con creces el promedio general del ajuste fiscal. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025 los salarios docentes cayeron 19% en promedio a nivel nacional, ubicándose en el nivel más bajo de los últimos 20 años.
A la protesta nacional se sumó un conflicto propio en la provincia de Buenos Aires: por primera vez en seis años, la provincia —donde concurren 5,2 millones de estudiantes— debutó con un paro de docentes públicos y privados, incluso con la adhesión del Suteba, históricamente cercano al gobernador Axel Kicillof.
Los gremios también rechazan de plano el proyecto oficial de nueva ley de educación, que incluiría la voucherización de la oferta académica.
El conflicto no se agota en un día: CTERA anunció un plan de acción con movilizaciones durante todo marzo. El gobierno, por su parte, ya había incorporado la actividad docente a la categoría de servicios esenciales en la reforma laboral, una medida que los sindicatos consideran inconstitucional y que promete escalar la tensión.
