Leandro Camani es el propietario de Secutrans, la empresa que durante años gestionó el sistema de fotomultas en varios municipios del conurbano bonaerense y en la costa atlántica. El negocio factura 2.600 millones de pesos por mes. Sus orígenes se remontan al gobierno de María Eugenia Vidal, período en el que Camani comenzó a construir la red de relaciones políticas y empresariales que le permitiría consolidar un monopolio en el sector con el que gestó “una caja negra del saqueo”, denunció Santiago Cúneo en 1+1=3.
“Hoy un juzgado decidió que mañana (martes) se tiene que notificar de la imputación por la cual va a ser indagado en una causa más. Va a ser citado a indagatoria y su destino es oscuro”, adelantó en Canal 22. Otro que correría similar suerte es Matías Yofe, operador judicial de la Coalición Cívica, financiado también por el empresario de las fotomultas. “Van a ser notificados de que están imputados por carátulas gravísimas”, sentenció Cúneo.
La arquitectura societaria que armó es reveladora. Tránsito Seguro —empresa original, hoy vaciada— fue el vehículo inicial. Camani fue incorporando socios y luego transfiriendo los contratos a una nueva sociedad, Secutrans, mientras la anterior quedaba sin activos. Una de las socias despojadas fue Laura Andino, cuya historia se detalla más adelante.
A la red de empresas se suma Red Cube, que organiza los premios Martín Fierro y se utiliza para pagar a periodistas y medios de comunicación. El conjunto del esquema permite a Camani mantener influencia simultánea sobre el Estado —a través de los contratos de fotomultas—, los medios y la política. Cúneo reveló en Canal 22 Web la nómina de periodistas que cobran dinero de Camani; entre ellos figuran Esteban Trebucq y Facundo Pedrini.
Para evitar licitaciones públicas, Camani firmó un contrato con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a través de Diego Kampel, secretario de extensión y vinculación y responsable del programa de formación y gestión de seguridad vial -un cargo bastante particular-. Mediante este mecanismo, los municipios no depositan en la empresa prestadora del servicio sino directamente en la universidad, eludiendo así los controles propios de una licitación. Existen fotos de Camani con Campbell que fueron reveladas este lunes en 1+1=3.
El alcance territorial del negocio incluye 26 puntos de control en la costa atlántica, entre la Ruta 2 y la Ruta 11, con cámaras fijas y móviles. Los vehículos operativos son de Secutrans pero circulan ploteados como automóviles oficiales de la provincia de Buenos Aires, sin que haya habido licitación para esa contratación ni autorización formal conocida. En efecto, Camani tejió alianzas con el PRO y también con el peronismo. En palabras de Cúneo: “Camani se siente custodiado por los libertarios pero chorea con los intendentes peronistas”. Los municipios de Hurlingham, Escobar y Malvinas Argentinas, son algunos de los que están comprometidos.
Los periodistas en su nómina
Desde 2017, Camani paga a periodistas a través de Secutrans. En la nómina figuran Esteban Trebucq y Facundo Pedrini. Pedrini habría sido colocado directamente en el canal Crónica por Camani. Como dato de color que demuestra la cercanía, una foto de Instagram de Camani tuvo el “like” de Trebucq.
También figura en esa nómina la periodista Farjat, quien fue pareja de Camani. La relación terminó con una denuncia por violencia de género: Farjat lo acusó por agresión y golpes. Posteriormente, Farjat comenzó una relación con Gabriel Anello, quien a su vez había denunciado a Camani por amenazas. Farjat tiene además una causa propia por autos mellizos. “Cobra de esa empresa porque fue pareja de Camani”, acotó Cúneo.
El mecanismo de pago describe cómo el dinero que los ciudadanos pagan en concepto de multas de tránsito termina siendo utilizado para financiar a periodistas que cubren la actualidad política. La empresa Red Cube —organizadora de los Martín Fierro— opera como otro canal de transferencia de recursos millonarios hacia operadores mediáticos.
La red política que forma parte de la caja negra
La red política de Camani atraviesa el espectro en su totalidad. Nació bajo el gobierno de Vidal y se sostuvo —y creció— con administraciones de distinto signo.
En este esquema es importante el nombre de Mariano Campos: exfuncionario del gobierno de Vidal a cargo de Vialidad. Campos habría adjudicado una obra por 20.000 millones de pesos antes de renunciar a su cargo. Luego se convirtió en socio de Camani en las empresas de fotomultas. Es uno de los socios de Tránsito Seguro.
Con los intendentes del peronismo bonaerense, Camani opera de manera diferente pero igualmente efectiva: los municipios de Hurlingham, Escobar y Malvinas Argentinas forman parte del esquema de fotomultas. En estas jurisdicciones, el empresario habría conseguido sus contratos evitando los procesos licitatorios mediante los mecanismos ya descritos.
La relación con el gobierno nacional actual también aparece mencionada, aunque con menor detalle en la denuncia. Lo que sí queda claro es que Camani se mueve con comodidad en distintos espacios de poder. “Tiene de rehenes a fiscales, jueces y ministros”, señaló Cúneo.
Si bien todo se originó durante la gestión de Vidal, una pieza clave en la red de Camani es Elisa Carrió y la Coalción Cívica. Uno de los ejes más graves de la denuncia es la que vincula al empresario con Matías Yofe, un lilito que opera judicialmente.
Yofe es el denunciante en la causa judicial contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la misma institución. Una causa financiada por el propio Camani. Entre las denuncias que recaen sobre el empresario hay una por amenazas a gerentes del Ceamse; según la declaración testimonial uno Camani le ha dicho: “Decile a tu jefe, a ese negro de mierda (Tapia), que se va a caer con el helicóptero y en la casa de Pilar. ¿Te suena la casa de Pilar? Los voy a denunciar a todos“.
La dimensión judicial del caso tuvo movimientos recientes: un juzgado decidió reconvertir la causa en la que Yofe había solicitado custodia por amenazas. Como resultado, Yofe fue imputado por falsedad ideológica y también está siendo notificado de imputaciones por otras carátulas de gravedad.
Un ex custodio de Yofe, Jonatan Jesús Brandan, declaró el 7 de enero ante la Justicia: El domingo 28 de diciembre de 2025 me llamó (Yofe) para ir a la iglesia, pero fuimos a la casa de Lilita y ahí se hizo un asado. Fui varias veces por reuniones con Lilita”.
Sobre Camani, Brandan declaró que lo conocía de nombre —”creo que es el dueño de los Martín Fierro”— y que Camani invitaba a Yofe a reuniones en un edificio ubicado en Libertador 6350/6380, donde funciona Secutrans. El custodio también confirmó reuniones de Yofe con personas de La Nación y TN.
Otra declaración relevante es la de Claudio Gabriel Ponce de León, del 5 de enero, quien confirmó que Camani asistía a reuniones de la Coalición Cívica y lo vinculó con “Limón”, un narco rosarino al que le secuestraron una camioneta que figuraba a nombre del empresario.
La resolución que compromete a Marinucci
Hay una resolución que el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, tendría pendiente de firma. La resolución adjudicaría a Globex Logistic SRL —empresa vinculada a Camani— la auditoría del negocio de fotomultas en la provincia. En términos simples: Camani se auditaría a sí mismo.
El dato más llamativo de este episodio es la identidad de uno de los socios de Globex Logistic: Nahir Hernán Guarino, hijo de Pablo Hernán Guarino, quien se desempeña como director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense. El funcionario que integra el organismo que debe controlar el negocio tiene un hijo como socio de la empresa que aspira a controlarlo.
La denuncia interpela directamente al gobernador Axel Kicillof: el esquema de Camani —que nació con Vidal, tiene socios del PRO y opera con intendentes peronistas— amenaza con comprometer a la gestión provincial. “La manera de ordenar este desastre es con una ficha limpia de empresarios“, planteó Santiago Cúneo. “No se puede hacer negocios con un tipo que tiene denuncias penales por estafas, amenazas, extorsión”, justificó.
