La Cámara de Diputados completó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares sin definir una fecha para la firma de dictámenes ni para la eventual sesión en el recinto. Antes de dar un paso en firme, el oficialismo evalúa convocar a una nueva reunión informativa con los gobernadores de la Mesa del Cobre —que representan los intereses de las corporaciones mineras— y dirigentes opositores contrarios a la reforma. La cita podría concretarse en la primera quincena de abril.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, busca eliminar las prohibiciones vigentes para la explotación minera e hidrocarburífera en zonas periglaciales y delegar en las provincias la potestad de definir qué áreas proteger.
Las posiciones volvieron a dividirse. El presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, rechazó la reforma y advirtió que “no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger” y “subordina el rol científico a decisiones políticas de las autoridades provinciales”. La ex diputada Graciela Camaño fue más lejos: sostuvo que el proyecto viola el artículo 41 de la Constitución y el Acuerdo de Escazú, y alertó que las audiencias tal como se realizaron podrían derivar en “nulidad absoluta” de cualquier acto legislativo que se emita.
En la vereda opuesta, el geólogo mendocino Eddy Lavandaio defendió la reforma y acusó a sus detractores de ser “enemigos del desarrollo minero argentino”, mientras que Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, sostuvo que la ley vigente “abunda en imprecisiones técnicas” que conspiran contra la protección de los recursos hídricos.
La jornada también estuvo marcada por críticas al formato de participación, con más de 100.000 inscriptos y un esquema mixto que limitó la cantidad de oradores presenciales.
