El vínculo entre el Gobierno y el sector industrial sigue tensándose. Después de que el presidente Javier Milei arremetiera contra el empresariado en su discurso de apertura de sesiones ordinarias —acusándolo de haber vivido de privilegios y distorsiones—, la Unión Industrial Argentina decidió no quedarse callada.
Su titular, Martín Rappallini, fue directo: las críticas presidenciales “no ayudan a recuperar la confianza“. Y reclamó algo que, según él, hoy brilla por su ausencia en la relación entre el poder político y el sector productivo: respeto, diálogo y previsibilidad.
El diagnóstico de la UIA sobre la economía real es preocupante. Desde 2023, la industria perdió 60.000 puestos de trabajo. Rubros como textiles y construcción acumulan caídas de hasta 25 puntos frente a los niveles de 2022. Las pymes, que son el corazón del entramado productivo nacional, operan con baja actividad, alta presión impositiva y casi sin acceso al crédito.
En ese contexto, la entidad ya había lanzado un comunicado con un título que no dejaba lugar a interpretaciones: “Sin industria no hay Nación”. Allí recordó que el sector representa el 19% del PBI, aporta más de una cuarta parte de la recaudación y sostiene 1,2 millones de empleos directos. Y rechazó que los industriales sean responsables de las distorsiones estructurales que el modelo anterior dejó como herencia.
Rappallini reconoció que hubo avances en inflación y equilibrio fiscal, pero subrayó que la reactivación todavía no tiene cara para muchos sectores. Su mensaje final fue casi una apelación nostálgica: que Milei “vuelva a ser el presidente que decía que los empresarios son héroes“.
