La decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional —el préstamo más grande de la historia argentina, por más de 57.100 millones de dólares— no quedó firme. La Sala I de la Cámara Federal deberá revisarla, después de que el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, respaldara el planteo de su colega de primera instancia, Franco Picardi, quien había apelado el cierre del expediente en términos contundentes.
Según publicó Irina Hauser en Página 12, Picardi cuestionó que la magistrada había realizado una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas”, y que su decisión fue además “prematura”, porque quedaban aspectos por profundizar que ella directamente omitió. Agüero Iturbe hizo propios esos argumentos y los llevó ante la Cámara, lo que obliga al tribunal a pronunciarse.
El expediente tiene su origen en el primer acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el FMI, firmado en junio de 2018. La fiscalía sostuvo que esa deuda fue contraída vulnerando la Constitución Nacional —que en su artículo 75 requiere aprobación del Congreso— y sin cumplir con una serie de requisitos administrativos: no hubo dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía, ni autorización de jefatura de gabinete, ni informe jurídico del Banco Central. La jueza, sin embargo, consideró que no hacía falta la instancia parlamentaria y cerró la causa como una cuestión “no judiciable”.
La fiscalía fue más lejos: sostuvo que los fondos obtenidos no se destinaron a los objetivos declarados —reducir la deuda, bajar la inflación, proteger a los vulnerables— sino que “se destinaron a la profundización de transferencias de capitales hacia un sector privado concentrado”, financiando en los hechos un masivo proceso de fuga de divisas. El perjuicio económico para el Estado, según la Sindicatura General de la Nación, alcanzó los 29.618 millones de dólares.
Entre los imputados figuran el expresidente Macri, el actual ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y varios exfuncionarios de la gestión anterior. Un dato que no es menor: en forma sincronizada con el archivo de la jueza, el Gobierno retiró su querella en el caso. La causa sigue adelante, pero ahora sin el Estado como parte acusadora.
La Cámara que deberá expedirse está integrada por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia —ambos designados sin concurso por Macri— y Mariano Llorens, también nombrado durante esa gestión aunque sí mediante concurso. El expediente llega a ese tribunal con todo el peso político que implica revisar una causa que involucra tanto al gobierno anterior como a funcionarios del actual.
