El Gobierno nacional declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en una medida que profundiza el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel y eleva la tensión diplomática con Teherán en el peor momento posible: en plena guerra abierta en Oriente Medio.
La decisión fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y se fundamenta en investigaciones judiciales que vinculan al CGRI con los atentados perpetrados en la Argentina en la década de 1990: el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992 —29 muertos y más de 200 heridos— y el atentado a la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Según el comunicado oficial, ambos ataques fueron planificados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de Hezbollah.
La Justicia argentina tiene emitidas alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes vinculados a esos atentados, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, actualmente al frente del CGRI.
La decisión no está exenta de riesgos. La declaración llega en el contexto de una guerra activa entre Irán y la alianza estadounidense-israelí, en la que Teherán ha demostrado capacidad para ejecutar operaciones en territorio extranjero. El historial de atentados en suelo argentino —el país más golpeado por el terrorismo iraní fuera de Oriente Medio— y el explícito alineamiento del Gobierno de Milei con Israel y EE.UU. configuran un escenario que, según advierten analistas de seguridad, podría exponer a los argentinos y a los intereses nacionales a represalias del régimen iraní o de organizaciones afines.
La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción del CGRI en el país y proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos.
