La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para exigir la nulidad de la Resolución 42/26, que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno de actuar “al margen de la ley” y de continuar con su “intento de desmantelar” el organismo: “No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso“.
El dirigente advirtió que la resolución es ilegal: “Las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley”. ATE señaló además que la medida constituye un “vaciamiento institucional” que ya había sido frenado por la Justicia.
