El abogado Roberto Castillo denunció penalmente a la psicóloga Jennifer Grisel Leiva por haber respaldado la decisión de que Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, viviera con su madre Mariela Altamirano, quien se encuentra detenida como imputada en el caso.
En el petitorio, Castillo acusó a Leiva de incumplimiento de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte. Además, solicitó su suspensión preventiva en el Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia (SPD), la prohibición de salida del país y el secuestro de su legajo profesional en el Colegio de Psicólogos de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
La Fundación Más Vida había denunciado previamente a Leiva y a su colega Vanesa Marín por emitir informes favorables a la tenencia sin realizar el análisis socioambiental correspondiente. Según la fundación, las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” en las que vivía la mujer, cuya situación podría haber alertado sobre el riesgo para el niño.
