Ocho años después de la tragedia que conmocionó a la Argentina y al mundo, este martes 3 de marzo de 2026 arrancó en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Santa Cruz, el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que en noviembre de 2017 se cobró la vida de los 44 tripulantes que viajaban a bordo.
Los cuatro imputados son ex altos mandos de la Armada Argentina: el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa. Todos ellos enfrentan cargos por estrago culposo agravado y omisión de deberes, por su responsabilidad en la cadena de mando durante la emergencia que terminó con el hundimiento de la nave.
El debate promete ser extenso y doloroso. Se estima una duración de cinco meses, con más de 90 testigos convocados para declarar. Las familias de las víctimas, representadas por la abogada Valeria Carreras, llevan años exigiendo justicia y señalando que la tragedia fue producto de negligencia institucional: fallas técnicas previas que no fueron atendidas y graves deficiencias en las comunicaciones durante la emergencia.
Uno de los puntos más sensibles del proceso es lo que no está en el banquillo: ningún responsable político figura entre los imputados, lo que para muchas familias representa una deuda pendiente con la verdad y la justicia.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. Los restos del submarino fueron hallados un año después, a casi 900 metros de profundidad. Recién hoy, casi una década más tarde, comienza formalmente el camino judicial que las familias de los 44 tripulantes esperaron con angustia y persistencia.
